Finalizado el terrorismo de ETA, la sociedad española tiene un reto clave en la transmisión en las aulas a las generaciones jóvenes los 60 años de violencia política que marcaron la vida en España. Las primeras iniciativas, en plena actividad terrorista, fueron testimonios de víctimas, como Cristina Cuesta, y asociaciones como la Fundación Miguel Angel Blanco, Bakea o Covite, que editaron textos. Les secundaron el Gobierno navarro y, hacia el fin del terrorismo, el Ejecutivo de Patxi López con su programa de víctimas educadoras. Diez años después se despliega el plan educativo más riguroso y sistematizado sobre el terrorismo a escala nacional, actualizado con las nuevas muestras de odio, según afirma Isabel Celaá, ministra de Educación e impulsora en 2011 del programa vasco de víctimas educadoras.